Apreciado lector,
No creo que disienta conmigo si
afirmo que los jueces tucumanos son una auténtica vergüenza. No todos, claro,
pues siempre hay alguna excepción. Pero la mayoría de los encargados de
impartir justicia en Tucumán deberían juzgarse a si mismo y condenarse
severamente.
El reproche más certero que se le
puede hacer a nuestros jueces está relacionado a la indigna obsecuencia que
practican, lo que, en numerosos casos, los ha convertido en cómplices de la
gavilla que gobierna la provincia. Esto es normal cuando los familiares deben
juzgarse entre si, o cuando algún miserable quiere obtener una ventaja o un
favor a cambio de la oferta de su imparcialidad.
Lo otro igualmente grave es su
incapacidad para ejercer como magistrados de la República. Una
cosa es que los jueces se corrompan y otra es que le usurpen el lugar a alguien
que lo merece. Alperovich ha sido promotor de las usurpaciones, facilitándole
el acceso a toda clase de póngido entogado que de política saben mucho pero que
de justicia no tienen la más mínima idea, al mismo tiempo que le negó el cargo
a aquellos que, a través de los concursos, ganaron legítimamente sus puestos.
De los muchos magistrados que
enturbian el arte de impartir justicia en el actual Tucumán referiré, en esta
oportunidad, sólo a uno: Gabriel Casas. Casas es un hombre que proviene del
periodismo y del peronismo, o sea proviene de una de las profesiones más
pestíferas que existen y del movimiento político que ha condenado a nuestro
país a todo tipos de ruinas. Cuando empezaron esas rondas de venganzas en
contra de los veteranos de la guerra contra la subversión, a Casas le tocó
dictar sentencia contra esos héroes por ser un integrante del Tribunal Oral
Federal. Así, diciendo defender “los derechos humanos”, mandó a inocente tras
inocente a la cárcel, a cumplir una condena impuesta por cuestiones meramente
políticas.
De todos modos mientras Casas se
regocija por estar castigando a “genocidas”, los verdaderos genocidas gozan de
su protección. Y quien no quiera creerme que investigue acerca de lo que este
hombre ha hecho frente a los narcotraficantes que se multiplican en suelo
tucumano.
En una entrevista reciente a La Gaceta ,
Casas comentó que a todo infeliz que la policía atrapa con droga encima él
busca dejarlo en libertad. Sin ningún prurito admite que no puede distinguir el
límite entre un patético consumidor y un infame vendedor, por lo que apuesta
siempre a favorecer a los delincuentes. Y para rematar agrega que las dádivas
que el Estado hace a las familias con dinero público (v. gr. la Asignación Universal
por Hijo) ayuda a los vendedores a dejar su oficio, ya que esos pocos pesos que
reciben no por hacer algo sino sólo por ser alguien les permiten sobrevivir sin
vender muerte en diversas dosis. Supone Casas –benévola o cínicamente– que el
delincuente que comercializa droga es una persona sin recursos que no le queda
otra salida más que convertirse en un genocida a pequeña escala. Vale decir, el
Juez victimiza a quien debería castigar.
Las estupideces que declaró Casas
causaron enojo y preocupación. Evidentemente este improvisado ignora hasta lo
que el Papa Francisco dijo sobre la cultura de las drogas y el negocio del
narcotráfico. Estando yo en Europa hace unas semanas atrás, me enteré del discurso
que Su Santidad hizo en la clausura de la International Drug
Enforcement Conference. Con mucha coherencia y sentido común, Francisco marcó
un triple abordaje al problema: estigmatizar el negocio del narcotráfico, pedir
por la creación de empleo digno y oportunidades reales para los jóvenes, y
reforzar el trabajo preventivo en torno al consumo. En la misma velada hizo un
llamado a prohibir todo tipo de drogas, desalentando así la idea de que hay que
abrirle la puerta al conjunto de drogas ilegales que –a base de propaganda pero
sin sustento científico– parecen menos dañinas que otras. No podemos darnos el
lujo de abrirle de par en par la puerta de descenso al infierno a millones de obscuros
sólo para que a un mentecato de La
Cámpora o de la
Juventud del Meretz no le hagan el amor no requerido en una
prisión argentina.
Este facilitador del mercado de
la muerte de Casas debería tomar nota de lo que se dice desde Roma. Y debería
también mirar en la vecina provincia de Salta, donde si bien la situación
judicial no es mucho más brillante que en Tucumán, al menos se actúa con cierta
dureza ante los narcotraficantes, y se los ataca en sus posiciones, como cuando
un juez de allá mandó a demolerle la casilla a un vendedor de paco. La idea es
que si se empieza a destruirle las guaridas a las cucarachas, es posible que también
caiga algún zar, alguno de esos tipejos más concentrados en lograr la impunidad
e impulsar la decadencia que en hacerle un bien a la comunidad.
César Thames
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